Noticias, Soberanía frente al colonialismo

Comparecencia de Ángel Collado Schwarz, Presidente del ISP, ante el Comité de Descolonización de la ONU

NUEVA YORK, 21 DE JUNIO DEL 2010

Buenos días, señor presidente, y buenos días, señoras y señores miembros del Comité.

Comparece ante ustedes Ángel Collado Schwarz, historiador, y Presidente del Instituto Soberanista Puertorriqueño, organización educativa sin fines de lucro fundada en el 2008, la cual abraza la misión de llevar el  concepto de soberanía al pueblo de Puerto Rico mediante presentaciones a comunidades, universidades, centro culturales y sociales, y plazas públicas.El 27 de noviembre de 1953, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, como resultado de una votación de 26-16 y 18 abstenciones, la Resolución 748 (VIII) que consideraba apropiado el cese de la transmisión de información sobre Puerto Rico.  La Asamblea General declaró: “… el pueblo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico… ha alcanzado un nuevo status constitucional… y reconoce que, en el marco de su Constitución y el convenio concertado con Estados Unidos de América, el pueblo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha sido investido con los atributos de soberanía política que claramente identifican el status de gobierno propio alcanzado por el pueblo puertorriqueño como entidad política autónoma”.

El mismo día que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que Estados Unidos podía desentenderse de enviar información sobre Puerto Rico, se aprobó el conjunto de criterios en virtud de los cuales se determinaría cuándo una colonia había alcanzado su gobierno propio.  El caso de Puerto Rico había sido decidido sin ponderarse a la luz de estas pautas.

Mason Sears, el representante estadounidense ante el Comité de Información de los Territorios No Autogobernados, negó que en el Congreso residiese el control sobre los asuntos locales y aceptó lo que su Gobierno negaba internamente y en la práctica, concerniente a sus relaciones con Puerto Rico: la existencia de un “pacto”.   Sears admitió en sus memorias que  sus posiciones resultaron esgrimidas en una estratagema para sustraer a Puerto Rico del Comité de Territorios, en la pretensión de acallar el reclamo internacional de descolonización y aliarse con la posición de descolonización gradual que asumieron las potencias coloniales europeas.

El jurista y ex presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, José Trías Monge, preguntó: “¿Cómo podía el continuo poder del Congreso, de legislar para Puerto Rico, unilateralmente y sobre una amplia gama de asuntos, ser cónsono con el principio de gobierno por común acuerdo?”

Los documentos de los archivos de la Fundación Luis Muñoz Marín ponen de relieve la expresión reiterada de funcionarios de la Rama Ejecutiva federal de que no hubo cambio alguno en la condición territorial.  En una carta de Luis Muñoz Marín al Secretario del Interior, del 17 de enero de 1953, el Gobernador confiesa sentirse “profundamente perturbado” por los comentarios del Secretario del Interior, de que “Puerto Rico se mantiene como un territorio de Estados Unidos”.   A este tenor, la carta de Charles B. Murray, Procurador General Auxiliar del Departamento de Justicia, revela su opinión de que con la creación del Estado Libre Asociado “no ha habido cambios” (15 de agosto del 1952).

El Dr. Zbigniew Brzezinski, Consejero de Seguridad Nacional del presidente James Carter, manifestó: “El asunto del status futuro de Puerto Rico es uno verdaderamente complicado.  El Estado Libre Asociado de Puerto Rico puede ser de hecho una contradicción en sus términos, en el mejor de los casos la relación es embarazosa y ambigua.  Desde la perspectiva de Estados Unidos, las elecciones libres de Puerto Rico pueden sugerir una democracia autogobernada.  Desde la perspectiva de sus vecinos caribeños o de otros nuevos países independientes y en desarrollo, sin embargo, la relación particular con los Estados Unidos puede sugerir sin duda una variedad especial de ‘neocolonialismo’”.

Tan reciente como en diciembre de 2007,  la Casa Blanca, en su publicación “Report by the President’s Task Force on Puerto Rico’s Status”, reiteró que Puerto Rico es un territorio bajo la Cláusula Territorial y que el Congreso tiene poderes plenarios sobre él.

El documento de la Casa Blanca señala: “Thus, while the Commonwealth of Puerto Rico enjoys significant political autonomy, it is important to recognize that, as long as Puerto Rico remains a territory, its system is subject to revision by Congress”.

El 8 de octubre de 2009, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos definió el status actual de Puerto Rico como “híbrido” y subrayó que Puerto Rico no disfruta de una democracia plena, en tanto no participa con su voto en la elección del presidente ni en la de los congresistas que aprueban e implementan las leyes que afectan a los ciudadanos del territorio.

En el transcurso de los años se ha reafirmado que el supuesto proceso de descolonización de Puerto Rico evaluado por este Comité resultó ser una farsa.  Las declaraciones recientes de las ramas ejecutivas y legislativas en Washington, D.C. ratifican el status colonial y territorial de Puerto Rico.

Puerto Rico experimenta su peor momento económico.  La tasa de desempleo se ha disparado a casi el 20%.  La deuda pública casi iguala el PNB, lo que significa que casi equivale a la producción económica anual del país.  Una criminalidad rampante erosiona a la sociedad puertorriqueña.  Dentro del narcotráfico que despunta como la principal causa de la criminalidad, la droga se trasiega a un país cuyas fronteras están controladas exclusivamente por el Gobierno federal en Washington.  La violencia doméstica destruye a la familia puertorriqueña.  De acuerdo con el reciente Informe Internacional de Violencia contra la Mujer emitido por el Centro Reina Sofía en España, Puerto Rico ocupa el primer lugar entre los países que registran el mayor número de víctimas asesinadas por sus parejas.

Una colonia sin proyecto de país está irremediablemente impedida de resolver su problemática económica y social. ¿Cómo va Puerto Rico a resolver sus conflictos si su soberanía radica en Washington, D.C., donde el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico; si los puertorriqueños carecen de representación con voto en dicho organismo; si el Tribunal Federal, compuesto por jueces ajenos a Puerto Rico, determina quién es el triunfador de las elecciones locales como fue el caso en el 2004?

En el 2008 publiqué SOBERANÍAS EXITOSAS: SEIS MODELOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE PUERTO RICO.   Este libro se reedita en los próximos meses en su versión en inglés con el título: SUCCESSFUL SOVEREIGNTIES: DECOLONIZATION MODELS FOR AMERICAS LAST COLONY.

En este libro se examinan seis países soberanos de escala similar a Puerto Rico que cuando eran colonias, como lo sigue siendo Puerto Rico, se encontraban en un callejón sin salida: su dependencia ascendía desenfrenadamente por estar privados de los poderes   para estructurar un país con dignidad y progreso.  De estos seis países, sólo Nueva Zelanda fue uno de los 45 países fundadores de esta distinguida organización internacional.  Los otros cinco: Singapur, Irlanda, Israel, Eslovenia y Estonia, una vez alcanzaron su soberanía, se unieron al grupo de  países soberanos miembros de la Organización de las Naciones Unidas.

El distinguido economista y ex editor de la revista FOREIGN POLICY, Moisés Naim, reseñó sobre el libro: “¿Cómo lo hizo Irlanda o Eslovenia, Israel o Singapur? ¿Cómo podrá Puerto Rico lograr los mismos niveles de desarrollo de países que hasta hace pocas décadas eran muy pobres y hoy son ejemplo para el mundo?…  Puerto Rico debe  tener un destino más próspero que su pasado”.

A Puerto Rico, por el mismo derecho que asiste a los demás países de la comunidad internacional, le apremia disponer ya en sus manos de los poderes y herramientas inherentes a la soberanía política que le permitan crear un país con prosperidad económica, justicia social y calidad de vida.

Esta situación nos lleva a solicitar a esta comisión que el caso de la descolonización de Puerto Rico sea referido a la Asamblea General de las Naciones Unidas y que se enfatice la necesidad de utilizar una Asamblea Constitucional de Status como el mecanismo procesal para descolonizar a una de las últimas colonias del siglo XXI.

Muchas gracias.

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