Soberanía frente al colonialismo

¿Mentes encajonadas?

Por Carlos Iván Gorrín Peralta, Profesor de Derecho Constitucional

Los inmovilistas insisten en el engaño monumental del 1952 cuando, según la vieja tesis, Puerto Rico dejó de estar sometido a los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos y buscan apoyo en casos del Tribunal Supremo de esa nación.

Supuestamente, Calero Toledo v. Pearson Yacht, del 1974, sentenció que desde 1952 ambos países se rigen “bajo los términos del pacto” y concluye que el Congreso no ejerce poderes plenarios. Dicen que Examining Board v. Flores de Otero (1976) añadió que el Congreso renunció a su control sobre asuntos locales y concedió a Puerto Rico autonomía comparable a la de los estados. Como el presidente dejaría de ejercer algunos poderes que ejercía antes, por ejemplo, nombrar al comisionado de instrucción y a los jueces del Tribunal Supremo, concluyen que el Congreso no tiene poderes plenarios sobre nuestro país.

Ninguno de esos casos trataba sobre los poderes del Congreso. Para decidir si eran constitucionales unas leyes de Puerto Rico, el Tribunal aplicó las doctrinas utilizadas para evaluar leyes estatales. Las leyes federales que mencionaron son las que le permiten a las cortes federales invalidar leyes de Puerto Rico y de los estados. ¡Tremenda autonomía! Según el único caso que sí trataba sobre una ley federal, Harris v. Rosario, en virtud de la cláusula territorial, es válida una ley federal que trata a Puerto Rico de forma distinta. Por eso no nos aplican algunas leyes federales, o aplican de manera diferente, como la reciente reforma de salud, que no dispone la paridad codiciada por estadistas y populares.

Alegan los colonialistas que el Tribunal Supremo “ha reconocido que en el 1952 Puerto Rico dejó de ser un mero territorio regido meramente por la cláusula territorial”. No hay ni una decisión que diga tal cosa. Eso es pura falacia, como lo es el llamado “pacto”. Uno de los artífices del ELA, José Trías Monge, lo admitió antes de morir.

En sus memorias Trías cuenta que Muñoz le pidió en 1950 que fuera a Washington para reunirse con el comisionado Fernós Isern, porque según éste, si la palabra “pacto” apa recía en la legislación, no se aprobaría la ley del ELA. Abe Fortas, un influyente abogado que llegaría al Tribunal Supremo, aconsejó que usaran la frase “in the nature of a compact ” (en la naturaleza de un pacto). Así, Muñoz podría decirle al pueblo que había un pacto y Fernós podría argumentar ante el Congreso que la ley se aprobaba “como si fuera un pacto, aunque realmente no lo fuera”. El historial legislativo de la ley deja claramente inalterada la relación fundamental.

Generaciones de colonialistas argumentan que hay un pacto, aunque nadie en el Congreso lo cree. Porfían que los que pensamos distinto somos ultraconservadores, con mentes encajonadas, porque no aceptamos sus interpretaciones “creativas”.

Todo lo contrario. La relación se rige por la Ley de Relaciones Federales, un refrito de la vieja Ley Jones de 1917, con algunas disposiciones de la Ley Foraker de 1900. El Congreso las aprobó y puede enmendarlas sin limitación alguna, bajo la cláusula territorial.

Desde 1901 el Tribunal Supremo no ha variado su interpretación de que Puerto Rico es un territorio no incorporado. Con creatividad fatua los colonialistas persiguen perpetuar el mismo régimen colonial que nos subordina políticamente y estanca económicamente. Los inmovilistas son archiconservadores de derecha. Los encajonados son los que se aferran al engaño histórico, seducidos por las tentaciones del presupuesto, y le dicen al país que apoye a perpetuidad el régimen imperante. Le temen a la descolonización, la autodeterminación y la independencia. Le temen hasta a su propia sombra y se niegan a sí mismos la libertad.

Los que aspiramos a la plena soberanía no estamos encajonados. Bastaría variar tan sólo una letra de esa palabra para describir con precisión la irritación que nos causan el colonialismo y sus serviles defensores.

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