Sistema de tributación

De las corporaciones de posesiones a las corporaciones foráneas controladas

“Durante su vigencia la Sección 936 siempre estuvo bajo el ojo crítico del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Éste rindió seis informes, el más significativo fue el último con fecha de marzo de 1989 en los que sobresalían varias críticas relativas a la conducta de las corporaciones de posesiones. Pueden resumirse en dos señalamientos medulares. El primero era que la actividad económica generada en Puerto Rico por estas entidades corporativas lucía modesta ante las extraordinarias ventajas fiscales que tenían tanto en la esfera federal como en la esfera “local”.”

Publicado por Claridad en su edición de 19 al 24 de junio de 2009

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De las corporaciones de posesiones a las corporaciones foráneas controladas
Claridad en la Nación
Francisco A. Catalá Oliveras*/Especial para Claridad

Son cientos y miles las secciones y subsecciones del Código Federal de Rentas Internas de Estados Unidos. La relación histórica de las más citadas en nuestro medio se asemejaría a una lista del juego ilegal de la “Bolita”:  262, 332, 931, 936, 901, 956, 243. . . Éstas se refieren a distintas y complejas disposiciones tributarias que afectan al mundo corporativo. Reflejan el incesante juego de gato y ratón entre el recaudador (el Estado) y el contribuyente (la entidad corporativa). Valga aclarar que la dinámica de este juego de poder y de intereses es tal que en muchas instancias no resulta tan fácil distinguir entre el papel de gato y el de ratón. Lucen intercambiables.

La saga tributaria de las “corporaciones de posesiones” corporaciones de Estados Unidos ubicadas en sus posesiones comenzó en el año 1921 con la aprobación de la Sección 262. Las exenciones tributarias que ésta disponía fueron adoptadas para ayudar a las corporaciones estadounidenses a competir con otras empresas, sobre todo británicas, en las Filipinas, entonces posesión de Estados Unidos. Puesto que las competidoras europeas podían remitir sus ganancias desde el extranjero hasta la casa matriz en la metrópoli bajo la cobija de exenciones o créditos, las empresas de Estados Unidos cabildearon para obtener un trato similar. La Sección 262 se hizo extensiva a todas las posesiones de Estados Unidos. Se podría decir que Puerto Rico, como posesión, ingresó a tal juego tributario como consecuencia de una carambola iniciada en las Filipinas.

Bajo las disposiciones del código federal estadounidense de entonces, los dividendos que recibían los accionistas de las corporaciones de posesiones no estaban exentos. Éstos podían diferir su responsabilidad tributaria hasta que los dividendos fueran remitidos a Estados Unidos. No obstante, otra sección (la 332) proveía para que la liquidación se tradujera en la cancelación de la obligación tributaria. Por lo tanto, la misma se convirtió en el principal vehículo de repatriación de beneficios desde las posesiones hacia la metrópoli.

El trato contributivo de las corporaciones de posesiones permaneció básicamente sin cambios hasta la reforma tributaria del año 1976. Dicha reforma dispuso la exención tanto de los ingresos generados por la operación de las corporaciones de posesiones como de los dividendos remitidos a Estados Unidos. Para evitar la evasión referente a ingresos de inversiones de las corporaciones de posesiones en otros países se eliminó la exención que cobijaba a los mismos. Estos cambios se efectuaron con el tránsito de estas corporaciones de la Sección 931 a una nueva sección, la notoria Sección 936.

La Sección 936 proveía para la exención tanto de ingresos operacionales como de ingresos pasivos. Los ingresos pasivos se refieren a los que provienen de las inversiones financieras realizadas por la corporación de posesiones en la jurisdicción de su operación. Se trataba de los intereses provenientes de lo que se llamara “Fondos 936”. En otras palabras, las corporaciones de posesiones en Puerto Rico podían remitir beneficios operacionales y beneficios financieros hacia Estados Unidos libres del pago de contribuciones al fisco federal de dicho país.

Durante su vigencia la Sección 936 siempre estuvo bajo el ojo crítico del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Éste rindió seis informes, el más significativo fue el último con fecha de marzo de 1989 en los que sobresalían varias críticas relativas a la conducta de las corporaciones de posesiones. Pueden resumirse en dos señalamientos medulares. El primero era que la actividad económica generada en Puerto Rico por estas entidades corporativas lucía modesta ante las extraordinarias ventajas fiscales que tenían tanto en la esfera federal como en la esfera “local”. No olvidemos que, aparte de los beneficios tributarios consignados en la Sección 936, estas corporaciones también gozaban de generosos decretos de exención concedidos por el gobierno de Puerto Rico en virtud de su Ley de Incentivos Contributivos. El segundo señalamiento se refería al vicio de la evasión mediante la declaración de ingresos en Puerto Rico que realmente se habían generado en otras jurisdicciones. Ésta es una vieja práctica contable de las corporaciones multinacionales.

Tales críticas suscitaron varias enmiendas a lo largo de la historia de la Sección 936: en el año 1982 y en el año 1986 bajo la administración del presidente Ronald Reagan y en el año 1993 en los inicios de la administración de William Jefferson Clinton. Casi todas, particularmente las últimas, restringían el alcance de dicha sección. La administración de Clinton, que aumentó los impuestos corporativos, precisó que las corporaciones de posesiones tenían que contribuir al fisco federal para ayudar a conjurar el déficit presupuestario heredado de los gobiernos de Reagan y de George Bush padre. Dicho sea de paso, Clinton finalizó su mandato con un superávit que Bush hijo se ocupó de transformar en déficit.

Estas revisiones a la Sección 936 culminaron con su derogación en el año 1995. Se proveyó un periodo de transición que ya expiró. En realidad, la sentencia de muerte de la sección 936 siempre estuvo escrita en la pared. Por un lado estaba el interés recaudador del gobierno estadounidense y su creciente renuencia a conceder privilegios tributarios a tal o cual jurisdicción; por otro lado, cada día se hacía más patente la preocupación de diversos actores económicos, entre los que sobresalían los sindicatos estadounidenses, con las llamadas compañías desertoras: aquellas que mudan sus negocios para acogerse a beneficios tributarios.

Antes de la total desaparición de la Sección 936 las corporaciones de posesiones iniciaron sus ajustes para ubicarse bajo otras secciones del Código Federal de Rentas Internas, sobre todo las secciones que cobijan a las “Corporaciones Foráneas Controladas”. Éstas son entidades incorporadas en jurisdicciones fiscales extranjeras, lo que incluye a Puerto Rico, pero poseídas y controladas por intereses estadounidenses. El ingreso de estas corporaciones no tributa al Tesoro Federal hasta tanto es repatriado en la forma de dividendos a los accionistas estadounidenses. Sujeto a ciertas restricciones, estos accionistas tienen derecho a un crédito en función de los impuestos que la corporación foránea controlada haya pagado en la jurisdicción extranjera.

Resulta interesante que a fines de la década de 1980 el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) se anticipó a la derogación de la Sección 936 y propuso un plan de desarrollo que partía de la premisa de que las corporaciones de posesiones se transformarían en corporaciones foráneas controladas. Esto fue objeto de bastante análisis en las vistas congresionales sobre el estatus político de Puerto Rico durante el periodo 1989-1991. Entonces la Sección emblemática de las corporaciones foráneas controladas era la 901.

Naturalmente, el plan de desarrollo presumía todo un reajuste de la política económica y del sistema fiscal de Puerto Rico. En contraste, las distintas administraciones gubernamentales del país han estado ofuscadas con la búsqueda, hasta la fecha infructuosa, de privilegios tributarios federales de carácter particular. Recuérdese el intento de la administración del gobernador Rosselló de hacer permanente la Sección 30-A (un crédito salarial) y la gestión de la administración de la gobernadora Calderón para enmendar la Sección 956. Ambos fallaron.

Las corporaciones foráneas controladas no son, ni aquí ni fuera de aquí, hermanas de la caridad. En estos momentos la administración del presidente Barack Obama está proponiendo tres medidas para intentar lidiar con los viejos vicios de estos entes corporativos. La primera es acabar con la práctica de deducir gastos de inversiones realizadas fuera de Estados Unidos a la misma vez que posponen indefinidamente la repatriación de ganancias; la segunda intenta ponerle trabas al juego contable de transferencias de ganancias entre subsidiarias; la tercera supone una revisión de los créditos que se pueden deducir por concepto de las contribuciones pagadas en las jurisdicciones foráneas. Todas estas medidas se orientan hacia el aumento de recaudos.

Mientras tanto, en Puerto Rico se actúa como si estas empresas fueran intocables. Para colmo, ya se ha comenzado con el juego de buscar trato privilegiado sin antes exigirle a estas empresas, y a todas las demás formas corporativas, la responsabilidad social y fiscal que este país merece. No se puede ser cómplice de malas prácticas, incluyendo la costumbre de operar aquí e incorporarse en las Islas Caimán y en otros paraísos tributarios, lo que también está bajo la mirilla de la administración del presidente Obama.

Es extremadamente irónico que ahora el gobierno de Estados Unidos exija la responsabilidad fiscal allá que hace años se ha debido exigir acá. Pasó con la Sección 936. Ahora pasa con las corporaciones foráneas controladas. No se aprende.

* El autor es catedrático jubilado de economía de la Universidad de Puerto Rico y miembro de la Junta Directiva de Claridad.

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