Economía

Un abuso más de las instituciones

Por Paul Krugman. Publicado  por El País en 20/03/2011

Inclúyanme entre quienes se alegraron de ver que el documental Inside Job ganaba un Oscar. La película nos recuerda que la crisis financiera de 2008, cuyas consecuencias siguen arruinando las vidas de millones de estadounidenses, no se produjo sin más: fue posible gracias al mal comportamiento de los banqueros, los reguladores y, sí, los economistas.

Lo que la película no señala, sin embargo, es que la crisis ha generado toda una nueva serie de abusos, muchos de ellos ilegales, así como inmorales. Y las principales figuras políticas están, después de mucho tiempo, dando algunas muestras de cierta indignación. Desgraciadamente, esta indignación no se dirige contra los abusos de los bancos, sino hacia quienes tratan de hacer que los bancos respondan de esos abusos.

El detonante inmediato ha sido el pacto propuesto entre los fiscales generales de los Estados y el sector de los servicios hipotecarios. Según el senador Richard Shelby, de Alabama, el pacto es una “estafa”. El dinero que se exigiría que los bancos asignasen a la modificación de hipotecas sería una “extorsión”, declara The Wall Street Journal. Y los propios banqueros advierten de que cualquier medida contra ellos pondrá en peligro la recuperación económica.

Todo lo cual confirma que los ricos no son como ustedes y como yo: cuando infringen la ley, son los fiscales quienes se ven sometidos a juicio.

Para hacerse una idea de los asuntos de los que estamos hablando aquí, fíjense en la querella presentada por el fiscal general de Nevada contra Bank of America. La querella acusa al banco de atraer a las familias a su programa de modificación de préstamos -supuestamente para ayudarlas a conservar sus casas- con pretextos; de dar información falsa sobre los requisitos del programa (por ejemplo, decirles que tenían que faltar a los pagos de sus hipotecas antes de recibir una modificación); de dar falsas esperanzas a las familias con promesas de acción para luego “enviar avisos de ejecución hipotecaria, programar fechas de subasta y hasta vender las casas de los clientes mientras estos esperaban las decisiones”; y, en general, de utilizar el programa para enriquecerse a costa de esas familias.

Según las acusaciones de la querella, el resultado final fue que “muchos consumidores de Nevada siguieron haciendo pagos hipotecarios que no podían permitirse, apurando sus ahorros, sus fondos de jubilación o los fondos para la educación de sus hijos. Además, debido a las engañosas garantías ofrecidas por Bank of America, los consumidores postergaron la venta a un precio por debajo del mercado y renunciaron a otros intentos de mitigar sus pérdidas. Y esperaron ansiosamente, un mes tras otro, llamando a Bank of America y enviando sus documentos una y otra vez, sin saber si iban a perder sus casas o cuándo iban a perderlas”.

Aun así, este tipo de cosas solo les pasan a perdedores que son incapaces de llevar al día sus pagos hipotecarios, ¿no es cierto? Falso. Hace poco, Dana Milbank, el columnista de The Washington Post, escribía acerca de su experiencia: una refinanciación hipotecaria rutinaria con Citibank se convirtió de algún modo en una pesadilla de tipos tergiversados, cobros indebidos por intereses y cuentas bancarias bloqueadas. Y todas las pruebas indican que la experiencia de Milbank no fue algo fuera de lo normal.

Fíjense, por cierto, en que no estamos hablando de las prácticas empresariales de organizaciones poco fiables; estamos hablando de dos de las tres empresas financieras más grandes del país, cada una de las cuales posee unos dos billones de dólares en activos. Pero a los políticos les gustaría hacerles creer que cualquier intento de lograr que estos gigantes bancarios explotadores paguen una pequeña indemnización es una “estafa”. La única duda real es si el acuerdo propuesto les impone un castigo demasiado leve.

¿Qué hay del argumento de que presentar cualquier querella contra los bancos pondría en peligro la recuperación? Se pueden decir muchas cosas sobre ese argumento, y ninguna buena. Pero permítanme subrayar dos puntos.

Primero, el acuerdo propuesto solo pide modificaciones de préstamos que generen un “valor actual neto” superior al de la ejecución hipotecaria (es decir, que se ofrezcan tratos que redunden tanto en el interés de los propietarios como en el de los inversores). La escandalosa verdad es que, en muchos casos, los bancos están bloqueando ese tipo de acuerdos mutuamente beneficiosos para, de esa manera, poder seguir sacándoles cuotas a sus clientes. ¿Cómo podría ser malo para la economía el poner fin a este atraco a mano armada?

Segundo, el mayor obstáculo para la recuperación no es la situación financiera de los principales bancos, que fueron rescatados en su día y ahora se aprovechan de la creencia generalizada de que se los volverá a rescatar si algo sale mal. En lugar de eso, es el exceso de endeudamiento familiar sumado a la parálisis del mercado inmobiliario. Conseguir que los bancos pongan en orden las deudas hipotecarias -en vez de dar falsas esperanzas a las familias para sacarles unos cuantos dólares más- no perjudicaría a la economía, sino que la ayudaría.

En los días y semanas que se avecinan veremos a políticos probanqueros denunciar el acuerdo propuesto, afirmando que solo se trata de defender el principio de legalidad. Pero lo que realmente están defendiendo es justo lo contrario: un sistema en el que solo la gente corriente tiene que respetar la ley, mientras que los ricos, y en especial los banqueros, pueden engañar y defraudar sin consecuencias.

Paul Krugman es profesor de economía en Princeton y premio Nobel 2008. © 2011. New York Times Service. Traducción de News Clips.

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